El desmantelado de antenas por orden judicial tiene una larga jurisprudencia en Argentina, en todos los casos, se trató de una acción civil sostenida por personas comunes, en todos los casos, fueron los vecinos los que obligaron a las autoridades a expedirse, ya sea desde distintos ejecutivos, como desde la justicia. En este informe compartimos los puntos mas destacados de este accionar, remarcando que siempre son los vecinos quienes impulsan las acciones.
La obtención de resultados, es producto de la experiencia adquirida durante el camino recorrido. Hemos efectuado cambios en la estrategia y modo de hacer .Durante años, fuimos los ciudadanos quienes intentábamos demostrar las irregularidades sobre la que funciona el sistema de transmisión de datos inalámbricas en la Argentina. Hoy, partimos de la experiencia adquirida. Somos los ciudadanos quienes exigimos que sean las empresas quienes demuestren si reúnen los requisitos para operar.
Antecedentes de antenas desmontadas
12 de setiembre de 2005, Temperley, Prov. Bs. As. Ver Nota
27 de octubre de 2006, Ciudad de Buenos Aires Ver Nota
25 de octubre de 2007, Ciudad de Buenos Aires Ver Nota
07 de noviembre de 2007, Ciudad de Buenos Aires Ver Nota
17 de febrero de 2009, La Plata, Prov. Bs. As. Ver Nota
29 de julio de 2009, La Plata, Prov. Bs. As. Ver Nota
15 de abril de 2010, Quilmes, Prov. Bs. As. Ver Nota
05 de octubre de 2010, Goya, Corrientes Ver Nota
26 de octubre de 2011, Paraná, Entre Ríos, Ver Nota
10 de setiembre de 2012, Funes, Santa Fe Ver Nota
24 de noviembre de 2012, Paraná, Entre Ríos Ver Nota
17 de mayo de 2013, Villa Cañas, Córdoba Ver Nota
24 de julio de 2013, Orán, Salta Ver Nota
06 de agosto de 2013, Bariloche, Río Negro Ver Nota
18 de julio de 2014, Unquillo, Córdoba Ver Nota
08 de noviembre de 2013, Rosario, Santa Fe Ver Nota
12 de noviembre de 2014, San Rafaél, Mendoza Ver Nota
31 de diciembre de 2014, Jesús María, Córdoba Ver Nota
20 de enero de 2015, Santa Fe capital Ver Nota
19 de febrero de 2015, Santa Fe capital Ver Nota
17 de marzo de 2015, Campo Quijano, Salta Ver Nota
08 de setiembre de 2015, Catamarca capital Ver Nota
03 de noviembre de 2015, Mercedes Prov. Bs. As Ver Nota
28 de noviembre de 2015, Bahia Blanca, Prov. Bs. As Ver Nota
03 de diciembre de 2015, Santa Fe capital Ver Nota
28 de enero de 2016, Córdoba capital Ver Nota
10 de junio de 2016, Lujan de Cuyo, Mendoza Ver Nota
24 de agosto de 2016, Colonia Caroya, Córdoba Ver Nota
22 de junio de 2017, Marcos Juarez, Córdoba Ver Nota
06 de julio de 2017, Formosa capital Ver Nota
04 de octubre de 2017, Paraná, Entre Ríos Ver Nota
12 de noviembre de 2017, Quilmes, Prov. Bs. As. Ver Nota
20 de octubre de 2018, Concordia, Entre Ríos Ver Nota
01 de marzo de 2019, Córdoba capital Ver Nota
10 de abril de 2019, Gualeguaychú, Entre Ríos Ver Nota
24 de mayo de 2019, Tandil, Prov. Bs. As. Ver Nota
23 de junio de 2020, Guernica, Prov. Bs. As. Ver Nota
16 de julio de 2021, Mar Chiquita, Prov. Bs. As. Ver Nota
11 de julio de 2022, Gualeguaychú, Entre Ríos Ver Nota
10 de octubre de 2022, Güemes, Salta Ver Nota
23 de setiembre de 2022, Saldán, Córdoba Ver Nota
12 de junio de 2023, General Pico, La Pampa Ver Nota
16 mayo 2024 Quilmes, Prov. Buenos Aires Ver Nota
Retirar las antenas de los ejidos urbanos requiere de estrategia. En general, la estrategia más eficiente consiste en demostrar que la estructura soporte de las antenas, no reúne las condiciones de autorización para funcionar.
Nuestro intento por demostrar los daños a la salud y el ambiente que ocasionan estas tecnologías, a pesar de contar con numerosos informes médicos, científicos, jurisprudencia y legislación a nivel mundial, cae en un saco roto en nuestro país. Las referencias médicas oficiales, desactualizadas en formación y respaldadas en la obsoleta regulación del año 1995, deja sin herramientas legales a las autoridades para ejercer su rol. Cabe aclarar que la vigente normativa está basada en la “inocuidad de las radiaciones” y los parámetros que limitan la densidad de potencia son absurdos en cuanto a medidas de protección.
Realizar y demostrar que las mediciones registradas en nuestro medio son excesivas , arrojan un resultado poco práctico al momento de ejercer nuestro derecho a un ambiente sano, dado que toda medición será considerada “dentro del parámetro permitido” o “normal”, debido a lo alto de lo permitido.
Por todo lo expuesto, la mejor herramienta disponible consiste en demostrar que la instalación es ilegal, lo cual no es difícil, debido a que tantos años sin control, ha llevado a que las empresas cometan grandes irregularidades en sus habilitaciones, instalando rápido para luego sostener como estrategia/argumento, que las comunicaciones se verán afectadas si las antenas son removidas. Es importante aclarar para entender como funciona el sistema de antenas en argentina, que técnicamente las telecomunicaciones funcionan en base a dos aspectos técnicos que tienen regulación separada, aunque para operar deben interactuar. Se trata de las estructuras soporte de antenas y las antenas propiamente dichas. Esto es, que en el caso de las estructuras soporte de antenas, son responsabilidad del gobierno local, mientras que todo lo que tenga que ver con el servicio propiamente dicho de comunicaciones, es de régimen federal, un aspecto controvertido, ya que se trata de un régimen administrativo (un conjunto de disposiciones ministeriales ) que no cuenta con una ley regulatoria.
En este marco, las estrategias que hemos desarrollado, omiten cuestionar aspectos sanitarios a las autoridades intervinientes, fundamentalmente porque este tema es descartado por las autoridades que para poder ejercer su rol de autoridad necesitan legislación al respecto, la cual obviamente está ausente en nuestra legislación porque se parte de la falsa premisa sobre “la inocuidad de las radiaciones”. Por otra parte, hacer mediciones y demostrar que las que registramos en nuestro medio son altas, mejor dicho, muy altas, tampoco arroja resultados prácticos, ya que lo permitido es absurdamente alto, cualquier mediciónque realicemos en nuestro medio estará “dentro de lo normal” de acuerdo a nuestra obsoleta regulación. Por todo esto, la mejor herramienta disponible es demostrar que la instalación es ilegal, lo cual no es difícil debido a que tantos años sin control, ha llevado a que las empresas no se hayan molestado en habilitaciones, la estrategia que desarrollaron fue instalar rápido y después sostener que las comunicaciones se verán afectadas si la antena infractora es removida. Hay que apuntar a las estructuras soporte de antenas, no a las antenas, ya que la responsabilidad legal sobre su habilitación e instalación, son exclusivas de los municipios.
Los pasos que CORTe recomienda son:1- Presentación formal de Pedido de información pública. Obtener modeloEsto puede tener (con variantes) estas opciones:2.a- Que el municipio responda en tiempo y forma.2.b.- Que el municipio no responda.2.c- Que el municipio responda en tiempo, de forma incorrecta.Esto nos lleva a estos posibles escenarios:
3.a- Que la documentación/respuesta requerida sea emitida y entregada en tiempo y forma por el municipio, no demuestra que las cosas están "bien", hay que revisar cuidadosamente la documentación .. En Cura Brochero (Córdoba) se logró clausurar una antena en 2016, porque las coordenadas del estudio de impacto ambiental correspondían a una localidad de Catamarca.3.b- Sin una respuesta formal, se envía Pronto despacho. Obtener modelo
3.c- Generalmente las respuestas de los municipios no se adecuan a lo solicitado, por lo tanto debemos responder en tiempo y forma a toda respuesta mal presentada de parte de los municipios.
4- Los pasos siguientes son realizados analizando cada caso en particular y no se hacen públicos. La constancia y perseverancia garantizan los resultados.
Tenemos experiencia suficiente, lo que nos permite anticiparnos a la estrategia generalizada en muchas municipalidades, quienes guiados por asesores con conflicto de intereses, recurren a burocracias extremas para desanimar a los interesados con todo tipo de argucias legales y/o respuestas inadecuadas.
No obstante , el nivel general de irregularidades y falta de respeto por las normas regulatorias, están sostenidas por una gran red de corrupción, en la cual, los municipios actúan como rehenes( pocos casos), o cómplices de extrema corrupción ( la mayoría).
Recordar el informe oficial del Defensor del Pueblo de CABA del año 2018, nos referencia e indica que el 80% de las antenas en funcionamiento, lo hacen desde la ilegalidad, y a medida que profundizamos, observamos que esta realidad se extiende a todo el país.
Balance y experiencia de las presentaciones de pedido de Información pública
Entre marzo de 2023 y octubre de 2024 hemos presentado en todo el país un total 1094 pedidos de información Pública relacionado a este tema en particular, de los cuales los resultados han sido los siguientes:
1- Tres (3) municipios respondieron en tiempo y forma.
2- Cuatro (4) municipios respondieron fuera de termino, pero en forma.
3- Cuarenta y nueve (49) respondieron en termino, pero no responden lo solicitado.
4- Seis (6) respondieron fuera de termino sin contestar lo solicitado.
5- Un (1) municipio se negó a recibir el pedido de información.
6- Mil treinta y dos (1023) no respondieron.
7- A 27 de 55 que no responden lo solicitado, se les envió ampliación de respuesta, de las cuales solo 21 fueron respondidas.
8- De los 1023 que no respondieron, fueron enviados 205 Prontos Despachos.
9- Solo 16 de los 205 Prontos Despachos fueron respondidos.
10- En todo el período, se siguió hasta el fin un (1) solo caso, que dio como resultado el desmantelado de la antena cuestionada, en San Miguel de Tucumán.
11- Sobre un total de setenta y seis (76) municipios que no responden lo solicitado, es importante destacar que en TODOS los casos, mientras se solicita la habilitación de la estructura soporte, el municipio responde que la regulación de las antenas es federal y escapa a la capacidad resolutiva del municipio, es decir, no responden lo solicitado y responden sobre algo que no es cuestionado.
12- En ocho (8) municipios, el proceso aun se encuentra dentro del plazo, a la espera de respuesta por parte de la institución. tanto pedidos de información, como Prontos Despachos.
OBSERVACIONESEn primer lugar detectamos, que los vecinos, en la mayor parte de los casos, no sostienen en el tiempo el pedido de información, ya que de 1023 Prontos Despachos que correspondía enviar, solo fueron remitidos 205.También se observa, que el sistema propuesto es eficaz, dado que el único caso llevado hasta el final alcanzó el objetivo buscado y no hay registro de haber llevado las acciones hasta el final sin resultado, y ademas se pone a disposición una lista con más de 40 casos resueltos positivamente.
No obstante, por diversas razones no está siendo posible a los ciudadanos comunes sostener las acciones en el tiempo. Sabemos perfectamente que voluntad hay, ocurre que en un marco social económicamente deprimido, muchas personas están dedicando ingentes esfuerzos a la simple tarea de sobrevivir el día a día y les resulta imposible o muy difícil de sostener una actividad que requiere realizar acciones de alta exposición social, dedicación de tiempo no remunerado, además de tener que enfrentar los gastos derivados de la gestión (todo sostenido por los mismos vecinos). Por estas razones desde CORTe gestionamos una personería jurídica que pueda resolver estas situaciones en representación de sus miembros.
El tramite completo, sería:
1- Pedido de información publica requiriendo expediente de habilitación o autorización municipal de instalación. Obtener modelo
2- Si no es respondido, se envía un pronto despacho. Obtener modelo
3- Si el pronto despacho no es respondido, habilita a la parte afectada, la acción judicial, generalmente consistente en:
a- Presentación de amparo por mora.
b- Denuncia penal por incumplimiento a los deberes de funcionario público.
c- Presentación de medida cautelar.
4- En general, el objetivo, está en obtener la documentación probatoria de la irregularidad y/o faltante de habilitación municipal de las estructuras soporte de antenas cuestionadas y que las mismas funcionan de manera clandestina o ilegal. Cuando es posible demostrar esto, la denuncia ha dado por resultado el desmantelado de la antena en el 98% de los casos.
Las causas
En general las autoridades municipales, salvo excepciones, se muestran reacias a colaborar con estas consultas. Esto se debe principalmente a que los municipios cobran tasas por cada estructura soporte instalada dentro de su ejido. La tarea de supervisión de la
habilitación y cobro a las empresas de telefonía, son gestionadas por Consultoras externas que presentan conflicto de intereses. Estas Consultoras, también gestionan el cobro de regalías en favor de los municipios, se investiga posibles casos en negro.
La imagen superior, muestra y resume con absoluta claridad la situación imperante, en este caso la empresa es quien debe “controlar” las antenas, pero también como “changa” gestiona los cobros a las empresas en favor de los municipios.
Cuando observamos a las empresas de telefonía desde una perspectiva judicial, detectamos un panorama endeble y generalmente “falto de papeles” que garantice su funcionamiento.
El cuello de botella para demostrarlo, radica en dos aspectos destacables (sin mencionar todos), el primero en la complicidad de gran parte de los municipios y el segundo aspecto, en la dificultad de los vecinos para sostener en el tiempo las gestiones que se deben llevar a cabo.
Cambio de estrategia
La situación descrita, tiene solución, tal como lo evidencia la cantidad de gestiones exitosas que han logrado desmontar antenas, no obstante, resultan pocas y aisladas en relación a la magnitud generalizada de las irregularidades. Las contradicciones propias de este sistema jurídico ficticio, nos permiten, estando convenientemente organizados, la capacidad de dar respuesta adecuada para la autodefensa de los ciudadanos que ponderamos la vida.
Todo lo expuesto nos permite hacer una propuesta concreta para la auto defensa y sostén de la vida en sanidad. La misma consiste en conformar una FUNDACIÓN integrada por diversas organizaciones sociales que sostienen el paradigma de la búsqueda de equilibrio, donde naturaleza, ciencia y progreso, armonicen. Como así también garanticen la defensa de nuestros recursos naturales ,derechos ciudadanos y del ambiente en que habitamos. La ausencia del Estado en todos estos aspectos ocasiona una “CRISIS” que nos obliga a resolver la situación con otra mirada, dando una vuelta de página a la indiferencia de quienes fueron elegidos como nuestros representantes, donde hoy más que nunca se evidencia con absoluta claridad que responden a intereses corporativos ajenos a los intereses comunes.
Enemigo sigiloso
Observamos una vez más, un Estado que prioriza los negocios de empresas multinacionales de telecomunicaciones, por encima de la integridad y la salud de su pueblo. La falta de inversiones por parte de las empresas, garantizan enfermedad y muerte.
Las antenas que fueron retiradas de diversos países europeos que regulan las radiaciones por debajo de los 3 microvatios por centímetro cuadrado (en Argentina está permitido + de 900), fueron instaladas en Latino América y África, porque aquí no hay controles eficaces que protejan la calidad de vida.
Esta, es una forma mas de extractivismo. Brindar servicio de comunicación con tecnología obsoleta que genera mayor electro smog, solo porque el pueblo no lo sabe y el Estado lo permite.
La tecnología para establecer orden y equilibrio en nuestro entorno existe, requiere de inversiones por parte de las empresas, que buscan por todos los medio, persuadir hasta verse obligadas. (En varios países de Europa han actualizado la tecnología -ver Conferencia de París año 2009 donde se inicia el debate)Para lograr el cambio hace falta organización y orden, ya trabajamos en ello, los 105 grupos de CORTe lo atestiguan, con su logro de metas y mantenimiento con crecimiento pese al paso del tiempo.
La fundación
La fundación es un proyecto en marcha y pronto a concretarse formalmente, por el momento ya está reuniendo socios fundadores, y organizaciones ambientales de diferentes áreas temáticas y zonas del país. Estamos construyendo esta herramienta de organización social con el fin de poder contar con una herramienta a través de la cual los ciudadanos comunes puedan accionar eficientemente en el fuero judicial, estamos viendo que muchos ciudadanos están dispuestos a ejercer sus derechos con el fin de conseguir mejores condiciones de vida, pero que llegada la instancia judicial, desestiman continuar debido a la falta de tiempo y recursos para el desarrollo de estas acciones, los políticos y autoridades en general especulan con esta situación para mantener las irregularidades, ya que de esta forma obtienen beneficios económicos, muchas veces no declarados.Para mucha gente no vale la pena intentar algo contra este sistema tan corrompido, nosotros pensamos que si es conveniente accionar, porque pese a que la “justicia” termine fallando en contra, la multiplicidad de casos hará el efecto visualización en la masa. Nadie mas que nosotros podemos accionar en este sentido, no hay partido político, no hay representante en quien confiar, vivimos en un mundo en el que “muchos tienen precio”, los que no tenemos precio somos justamente los que no aspiramos a cargos ni beneficios y somos mayoría, es hora de organizarnos.
Si luchas contra las radiaciones asesinas, tu lugar está en CORTe, Sumate Aquí
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Coordinación Nacional de CORTe
21 de noviembre 2024
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